PLD acusa al Gobierno de promover medidas con rasgos autoritarios para limitar la libertad de expresión
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes lo que considera una peligrosa ofensiva del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a denunciar actos de interés público, advirtiendo que varias iniciativas impulsadas desde el poder contienen elementos propios de sistemas autoritarios.
Durante la acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, leyó un documento institucional acompañado por la también vicepresidenta Zoraima Cuello; el miembro del Comité Político y titular de la Secretaría Jurídica, José Dantés; y el coordinador de la Dirección de Comunicación Digital y Relaciones Públicas (𝐃𝐈𝐆𝐈𝐂𝐎𝐌) , Joselito Feliz.
"Alertamos sobre las marcadas y malsanas intenciones del gobierno de impulsar iniciativas con el propósito de silenciar la libre expresión del pensamiento, características que guardan una estrecha similitud con los inicios de los regímenes totalitarios y dictatoriales", expresó Lorenzo al fijar la posición oficial de la organización.
El PLD sostuvo que las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 3 de agosto, representan una amenaza para el ejercicio del periodismo de investigación, la denuncia ciudadana y el debate democrático.
La organización señaló que varios artículos relacionados con la difamación, la injuria y el denominado "ultraje a funcionarios" podrían entrar en conflicto con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión.
Lorenzo recordó que el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0075/16, declaró inconstitucionales disposiciones de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento que imponían sanciones penales por difamación e injuria contra funcionarios públicos, y que posteriormente, mediante la sentencia TC/1148/25, reafirmó criterios orientados a impedir que la prisión sea utilizada como mecanismo para restringir la libre expresión.
"Nos preocupa particularmente que figuras penales redactadas de forma ambigua, sanciones que incluyen privación de libertad para determinadas expresiones y facultades amplias de inteligencia estatal puedan generar un ambiente de temor, autocensura e incertidumbre incompatible con las garantías consagradas en el artículo 49 de la Constitución", afirmó.
